El Mandarn El Mandarn
Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China
A menudo se nos presentan las protestas que acontecen desde hace meses en la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) como expresión de una defensa de la democracia que presuntamente estaría en peligro. Sin embargo, para una adecuada contextualización, debiéramos saber que sus niveles de democratización actuales son los mayores de toda su historia. Solo en una ocasión la potencia imperial, el Reino Unido, expresó cierta preocupación por promover la democracia en Hong Kong. Fue en 1946, cuando los laboristas en el poder en Londres impulsaron una reforma que contemplaba la elección del Consejo Legislativo de la colonia mediante cauces democráticos normales. Pero el gobernador, sir Mark Young, acabó por rendirse a la terca oposición de los medios económicos, tanto locales como extranjeros, y todo quedó en nada. La administración británica garantizó ciertamente algunas libertades (de expresión especialmente), pero en toda la historia de la ocupación, no puede calificarse de democrática su vida política.
Los tardíos intentos de reforma en los años noventa, auspiciados sin consultar con Beijing por el último gobernador nombrado por la reina Isabel II, Cristopher Patten, fueron una maniobra oportunista de última hora para intentar condicionar la retrocesión. Conviene todo ello tenerlo muy presente cuando algunos países occidentales se rasgan ahora las vestiduras con una amplia lista de exigencias a China.
Las movilizaciones que se han producido en Hong Kong en los últimos meses obedecen a causas varias, tanto internas como externas, primando en ellas motivaciones de carácter político. La irrupción de simbología de la potencia colonial entre los manifestantes, la implicación activa en la gestión de las protestas de entidades extranjeras de filiación conservadora o las decisiones adoptadas por legislativos de terceros países con intención de influir en su desarrollo, constituyen hechos inadmisibles. Así, excediendo su propio marco, la RAEHK se ha convertido en un recurso para la tensión geopolítica y estratégica, para el conflicto ideológico, en el marco de la creciente confrontación entre algunos países de Occidente y China. Sin embargo, no debiéramos pasar por alto las raíces internas que expresan una agenda acumulativa que otorga eco y amplitud a las movilizaciones.
En su día, China promovió la fórmula “un país dos sistemas”. Como genialidad política, fue una solución de encaje no traumático, que igualmente sería de aplicación a otros territorios en situación similar. Importa preservar la vigencia de este principio como alternativa de futuro. Lejos de ser expresión de una coyuntura negociadora histórica en la que el poderío nacional de China distaba mucho del actual, representó una innovación política capaz de congeniar dos realidades distintas, respetar identidades diferentes y sumar capacidades complementarias. El requisito elemental para el buen funcionamiento de esta premisa es la estabilidad.
Precisamente, la proyectada ley de seguridad nacional para Hong Kong responde a la necesidad de preservar la estabilidad de la región que en el último año ha vivido episodios de crisis y paralización que han afectado a su estatus en todos los aspectos. A falta de conocer su articulado completo, actualmente en fase de elaboración, su mayor reto es hilar lo suficientemente fino como para no perjudicar la vigencia de aquella fórmula. Por el contrario, la nueva ley de seguridad debe servir para procurarle un nuevo impulso al principio de “un país, dos sistemas”, a despecho del tono de buena parte de las críticas occidentales que examinarán sus preceptos y su aplicación con la máxima severidad. Es por ello que el objetivo determinante de la ley debe ser garantizar las condiciones precisas para el pleno y normal ejercicio de la autonomía local y la vitalidad de su marco institucional, incluida la separación de poderes. Ambas claves deben servir de base para recuperar una agenda política propia que siga avanzando en la implementación de los compromisos contraídos en materia de universalización del sufragio y otros aspectos.
La voluntad política del gobierno central y de la RAEHK conducirían a hacer realidad ese doble ímpetu: se trata del mismo país pero de otro sistema, y ambas realidades deben preservarse, no anularse.
Por otra parte, dicha ley bien pudiera acompañarse de otras iniciativas que también favorecerían la estabilidad. Es especialmente importante en este sentido la cuestión social y en este orden, la lucha contra la pobreza. La corrección de las desigualdades para dotarse de una mayor cohesión es un asunto de la mayor relevancia. Esa convergencia entre la realidad continental, donde este año se erradicará la pobreza extrema, y la regional, aun deficitaria, podría ser de gran utilidad para sosegar las raíces internas de las protestas y complementar sabiamente sus altos índices de libertad económica.
China no acostumbra a interferir en asuntos de otros. Ni cuando el pasado año en la vecina India, el gobierno suprimió la autonomía de Cachemira y movilizó a su ejército para controlar la región. Ni tampoco ahora cuando en EEUU las protestas antirracistas podrían aconsejar, a modo de reciprocidad, la adopción de una legislación en apoyo de los derechos de la comunidad afroamericana. Por esa misma razón, China está en su derecho de adoptar las medidas proporcionales para asegurar la estabilidad de Hong Kong. Hasta ahora, la mesura en su respuesta ha sido la nota característica, incluso cuando las acciones de algunos grupos de manifestantes superaban con creces los límites de cualquier protesta pacífica.
La irrupción de la pandemia de la Covid-19 ha introducido un factor imprevisto que pese a su leve impacto inicial en Hong Kong puede condicionar su desarrollo en los próximos meses. Por otra parte, el gobierno central sigue impulsando medidas a favor del área de la Gran Bahía Guangdong-Hong Kong-Macau, a la que debe sumarse ahora el ambicioso proyecto de dotación de un puerto de libre comercio en Hainan. Todo ello refuerza la condición de Hong Kong como pilar integrador básico de una estrategia de desarrollo que sigue sumando complementariedades.
La vecina Macau desarrolló en 2009 su artículo 23 de la Ley Básica, que apunta a la preservación de la seguridad, sin ningún contratiempo reseñable. Tampoco puso en cuestión la autonomía de la ex colonia portuguesa ni condicionó su marco institucional específico, en plena vigencia. En virtud de sus propias circunstancias, Hong Kong sigue otro rumbo pero ambas de nuevo pueden coincidir en seguir proyectando su singularidad como expresión de una trayectoria histórica única pero también de una ambición que debe beneficiar en primer lugar a las personas. Con seguridad, nadie protestará por eso.
